La sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 consideró abusivas las cláusulas suelo, ya que los consumidores no habían sido adecuadamente informados acerca de la carga económica y jurídica que les imponían esas cláusulas, pero limitó los efectos en el tiempo de la declaración de nulidad de esas cláusulas, de modo que sólo produjera efectos de cara al futuro, a partir de la fecha en que se dictó la sentencia.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea -mediante Sentencia de 21 de diciembre de 2016, dictada en los asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15, derivados de sendas peticiones de decisión prejudicial de diferentes órganos jurisdiccionales españoles- declara que el Derecho de la Unión se opone a una jurisprudencia nacional en virtud de la cual los efectos restitutorios vinculados a la nulidad de una cláusula abusiva se limitan a las cantidades indebidamente pagadas con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declare el carácter abusivo de la cláusula.

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha comprometido ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados a impulsar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. La nueva norma impulsará la figura del fiscal investigador como protagonista en la instrucción de causas, donde la defensa de derechos y libertades quedaría protegida por un juez de garantías. Además, regulará desde el papel de la Policía Judicial en la investigación de delitos hasta los derechos procesales de los investigados y de las víctimas, la potenciación de los procedimientos simplificados o el fortalecimiento del principio de oportunidad y la mediación penal como alternativas al proceso.

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El TJUE constata que el derecho de la Unión respecto a las prácticas restrictivas de la competencia en los Estados miembros no se opone a la normativa española que regula los aranceles del procurador, en la que los tribunales nacionales se limitan al control de la aplicación estricta del arancel sin posibilidad de apartarse de los límites establecidos.

El tribunal añade que el Arancel de Derechos de los Procuradores de los Tribunales constituye una norma jurídica elaborada por el Estado español y aprobada por el Consejo de ministros y que, por tanto, "no se puede considerar que se imponga o favorezca en medida alguna la puesta en marcha de acuerdos entre asociaciones profesionales que puedan ir en contra del comercio entre Estados miembros o de favorecer abusos de posición dominante".

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