La Sala Cuarta del Tribunal Supremo, mediante su sentencia 694/2023 de 3 de octubre, concluye que la indemnización por despido abonada en cantidades progresivas mensuales durante un largo período de tiempo (garantizadas mediante póliza de seguros) no computa como renta a efectos de percibir el subsidio de desempleo.

La sentencia hace prevalecer la regla específica de la Ley General de Seguridad Social, conforme a la cual la indemnización legal por despido no tiene la consideración de renta. Por tanto, con independencia de la forma de pago, a la hora de acceder al subsidio por desempleo, no debe computarse como ingreso a efectos de determinar si se perciben o no rentas superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, que es el requisito exigido.

Nota de prensa - CGPJ

El objetivo del proyecto Generación es convertir en formato digital las imágenes de las inscripciones escritas a mano que están en los libros del Registro Civil, así como la digitalización de la información sobre la persona inscrita, como un nacimiento o un matrimonio.

Todo ello se guardará en una base de datos y en archivos digitales del Registro Civil, con el fin de facilitar el acceso a los datos a la ciudadanía, a los registros civiles y a otros organismos.

El proyecto permitirá una mayor agilidad en la búsqueda de inscripciones y en la obtención de los certificados, gracias a aplicaciones como INFOREG y DICIREG, que facilitan el acceso a la información vital y a la tramitación de documentos relacionados con el Registro Civil.

Nota de prensa – Ministerio de Justicia

En el BOE del 21/09/2023 se ha publicado el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial para dar publicidad del Acuerdo de 8 de septiembre de 2023, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión y otras condiciones extrínsecas de los escritos de recurso de casación y de oposición civiles.

Texto del acuerdo – BOE

El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha el Registro Central de Titularidades Reales (RCTIR), conforme a lo previsto en el Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, por el que se aprobó su creación y su reglamento.

El RCTIR permitirá la consulta de la titularidad real de personas jurídicas españolas y de fideicomisos, tipo trust, y otros instrumentos jurídicos análogos que operan en España por parte de autoridades, sujetos obligados y aquella persona u organización que pueda demostrar un interés legítimo.

Con la creación del RCTIR se completa la incorporación al derecho español de la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Nota de premsa – Ministerio de Justicia

Los Juzgados de Primera Instancia de Barcelona han alcanzado por unanimidad un acuerdo sobre los criterios orientadores para la aplicación de las recientes normas procesales en materia de vivienda.

La unificación de criterios tiene la finalidad, según la junta de jueces de Primera Instancia de Barcelona, de “contribuir a reducir la litigiosidad e introducir una mayor seguridad jurídica en las actuaciones judiciales”. Dicho acuerdo tiene como objetivo “dotar de una cierta uniformidad a la tramitación de los procedimientos, así como favorecer la predictibilidad del iter procesal de cada asunto, sin perjuicio de los pronunciamientos de fondo que puedan dictarse en cada caso”.

Nota de prensa – CGPJ

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que anula la exigencia a los contribuyentes de presentar la declaración del IRPF por medios electrónicos a través de Internet, realizada en la Orden del Ministerio de Hacienda HAC/277/2019, de 4 de marzo, “pues se establece de manera general para todos los obligados tributarios sin determinar los supuestos y condiciones que justifiquen, en atención a razones de capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, que se imponga tal obligación”. La resolución subraya que la Ley General Tributaria reconoce el derecho, que no la obligación, de los ciudadanos a utilizar los medios electrónicos, así como el deber de la Administración de promover su utilización.

Nota de prensa – CGPJ

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado trasladar a los órganos gubernativos del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia que deberán abstenerse de adoptar las medidas organizativas y tecnológicas previstas en la ley para hacer frente a la crisis sanitaria causada por el COVID-19, así como dejar sin efecto las que se encuentren vigentes en este momento.

A partir del 5 de julio, fecha de la publicación del acuerdo en el BOE, se suspenden medidas tales como celebración telemática de actos procesales, limitaciones en el acceso a las salas de vistas, dispensa de la utilización de togas o establecimiento de formas no presenciales de atención al público, entre otras, previstas en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19.

Nota de prensa – CGPJ

En el orden penal, ante la situación existente en la Sala Segunda del Supremo, la modificación permitirá exigir la existencia de un breve extracto de los motivos de casación esgrimidos, así como citar el precepto del Código Penal que se considera vulnerado.

En cuanto a lo contencioso-administrativo, se mejora el mecanismo del pleito testigo para lograr mayor eficiencia en la gestión de la litigiosidad en masa. Además, en este mismo orden jurisdiccional, resulta procedente dotar de mayor agilidad a la tramitación del recurso de casación acortando los plazos previstos para algunos trámites intermedios, sin que eso altere los previstos para formular los escritos de preparación del recurso y los de interposición y oposición.

En relación con el orden civil, también se modifica el régimen del recurso de casación, pues la separación de denuncias por infracciones procesales o sustantivas ha generado dos recursos diferentes en razón de su naturaleza, lo que no resulta operativo en el actual desarrollo del derecho privado.

Respecto al orden social, se introduce, entre otras modificaciones, la eliminación del recurso contra el auto de inadmisión por falta de subsanación de defectos, cuando la parte ya ha sido advertida y requerida para esa subsanación y ha dejado pasar el plazo.

Nota de prensa – Ministerio de Justicia

La actualización del Código civil catalán, aprobada por el Gobierno de la Generalitat el pasado noviembre, ha sido impulsada por el Departamento de Justicia, Derechos y Memoria con el objetivo de adaptar la legislación catalana a la realidad social y jurídica de nuestros días.

Uno de los principios transversales que inspira la actualización del Código civil es la garantía de la igualdad entre mujeres y hombres. La resolución alternativa de conflictos se fija como principio general en el nuevo texto y, por lo tanto, se insta los ciudadanos a resolver los conflictos por la vía de la mediación antes de que el juicio.

En referencia a las personas con discapacidad, se implementa el principio de capacidad jurídica de todas las personas, en línea con las directrices de la Convención de Nueva York de 2006. Además, en el ámbito del derecho sucesorio, la actualización del Código civil de Cataluña refuerza la posición de la persona heredera y se reforma la legítima para reducir el alcance: el periodo para reclamarla pasará de 10 a 4 años. También, el maltrato de carácter psicológico se incluye dentro del maltrato grave como causa de desheredación.

En cuanto a los derechos de los animales, se dejan de considerar como bienes materiales, y en situaciones de separación o divorcio se incorpora a la legislación un tratamiento propio que los diferencia de los derechos de los objetos, como la posibilidad de custodia compartida o el derecho de sucesión.

Nota de prensa – Parlament de Catalunya

El Supremo aplica la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, fijada en sentencias de 2017 y 2019, y modifica y ajusta su doctrina a la misma en relación con la interpretación de la cláusula antiabuso recogida en el artículo 14.1.h del Texto Refundido de la Ley de dicho Impuesto.

El Supremo, tras hacer un repaso exhaustivo de la jurisprudencia del TJUE, se muestra de acuerdo con la Audiencia, al considerar que en todo caso le corresponde a la Administración tributaria, y no al contribuyente, probar los presupuestos de aplicación de la cláusula antiabuso acudiendo a los distintos medios de información previstos en los Convenios de doble imposición o la Directiva de Intercambio de información (DAC).

Nota de prensa – CGPJ