El jueves 28 de julio tuvo lugar el acto de constitución de la Mesa del Pacto Nacional por la Justicia, en la que ha participado el Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña, representado por su Presidente Ángel Quemada Cuatrecasas, la Secretaria General Mª Belén Gurruchaga Olave, y la Vicetesorera Eva García Fernández, junto con una treintena de entidades más.

La Mesa del Pacto Nacional por la Justicia será la encargada de conducir los trabajos que deben llevar a mejorar el modelo de Administración de Justicia de Catalunya y que se prevé que finalizarán durante el primer semestre de 2023.

El Pacto Nacional por la Justicia se elaborará en un trabajo conjunto con más de sesenta entidades y organizaciones del mundo jurídico, económico, social y político catalán, con la aspiración de convertirse en un gran consenso de país a la hora de abordar de forma integral todos los temas que afectan al servicio público de la Justicia. La puesta en marcha de este proceso se justifica frente a la percepción generalizada de una justicia lenta, poco accesible, lejana y demasiado formalista.

Con el Pacto Nacional se pretende ordenar, consensuar y diagnosticar cuáles son las reformas que deben llevarse a cabo en el ámbito de la administración de justicia y qué actuaciones son necesarias para lograr una justicia ágil, moderna y cercana a la ciudadanía.

Más información – Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya

El Tribunal Supremo considera que la retribución del socio trabajador es deducible como gasto, cuando se acredite la correspondiente inscripción contable, se impute con arreglo a devengo y revista justificación documental, frente a la tesis de la Administración, que entendía que esas cantidades no eran deducibles, por no ser obligatorias.

Las dos sentencias destacan que lo importante es la realidad de la prestación del servicio, su efectiva retribución y su correlación con la actividad empresarial. Esta doctrina permitirá a miles de pequeñas y medianas empresas, deducir en su Impuesto sobre Sociedades, las retribuciones abonadas a sus socios trabajadores.

Nota de prensa – CGPJ

El Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal, una norma que sitúa España a la vanguardia de la reestructuración de empresas en el ámbito europeo. Este proyecto normativo tiene como objetivo la transposición de la Directiva europea de reestructuración e insolvencia, e introduce otras reformas en el ámbito concursal para disponer de instrumentos ágiles y eficaces que mejoren los procedimientos de insolvencia y faciliten el mantenimiento de empresas viables.

Se trata de un texto dirigido a garantizar que las empresas viables que se hallen en dificultades financieras tengan acceso a un procedimiento efectivo de reestructuración preventiva que les permita continuar su actividad; que los empresarios o personas físicas insolventes puedan ver exoneradas sus deudas después de un periodo de tiempo razonable, favoreciendo la segunda oportunidad; y que el procedimiento concursal incremente su eficiencia reduciendo, entre otros factores, su duración.

Nota de prensa – Ministerio de Justicia

El Consejo General del Poder Judicial ha acordado, a petición de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, reactivar un segundo juzgado de guardia para el enjuiciamiento rápido de delitos leves en el partido judicial de Barcelona con el fin de solucionar el retraso de cuatro meses que actualmente sufre el señalamiento de estos procedimientos, lo que puede llegar a causar la prescripción del delito. En ese turno de guardia entrarían todos los juzgados de instrucción del partido judicial de Barcelona.

El aumento en el número de delitos leves y la existencia de un único juzgado para su enjuiciamiento rápido ha provocado una acumulación de señalamientos que se califica de “alarmante” y según las previsiones, basadas en los datos aportados por los Mossos d’Esquadra, ese retraso irá en aumento dado que ese tipo de delitos están creciendo exponencialmente.

Nota de prensa – CGPJ

El pasado 9 de junio el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la Ley General de Telecomunicaciones, así como la Ley orgánica complementaria de la Ley General de Telecomunicaciones por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Ley General de Telecomunicaciones tiene como objeto "la regulación de las telecomunicaciones, que comprende la instalación y explotación de las redes de comunicaciones electrónicas, la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas, sus recursos y servicios asociados, los equipos radioeléctricos y los equipos terminales de telecomunicación".

Nota de prensa – Congreso de los Diputados

El proyecto de ley tiene por objeto conseguir "una mayor agilización en la tramitación de los procedimientos judiciales", tal y como señala la exposición de motivos, y para ello plantea la modificación de, entre otras, las leyes de Enjuiciamiento Criminal y la de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, para "ofrecer a juzgados y tribunales de ese orden los instrumentos procesales óptimos para facilitar y hacer más ágil tanto la tramitación de los pleitos como su resolución".

La iniciativa se articula en tres títulos. El Título I abarca los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional, el cual contiene tres capítulos. El Título II plantea la modificación de leyes procesales. Por último, el Título III, dedicado a medidas de transformación digital.

Nota de prensa – Congreso de los Diputados

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece doctrina en relación con los procedimientos de comprobación limitada realizados por Hacienda. En concreto, se pronuncia sobre en qué momento la Administración tributaria puede comunicar al comprobado la ampliación del alcance de un procedimiento de este tipo para que éste sea válido.

La Sala fija que, en garantía de los derechos del contribuyente reconocidos en los artículos 34.1.ñ) y 137 de la Ley General Tributaria (LGT), Hacienda solo podrá ampliar el alcance de sus actuaciones de comprobación limitada, de forma motivada por referencia al caso concreto, cuando lo comunique al comprobado “con carácter previo” a la apertura del plazo de alegaciones.

Añade que será “nulo, por lo tanto, el acto final del procedimiento de gestión de tal clase en que se haya acordado esa ampliación en momento simultáneo, o posterior, a la comunicación al comprobado de la concesión del plazo para puesta de manifiesto y para efectuar alegaciones a la propuesta de liquidación”.

Nota de prensa – CGPJ

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Justicia, la modificación del Real Decreto (RD) por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales.

El RD aprobado recoge que la cuantía global por derechos devengados por un procurador de los tribunales en un mismo asunto, actuación o proceso, no podrá exceder de 75.000 euros. Además, el sistema arancelario que rija los derechos de los procuradores no podrá fijar límites mínimos para las cantidades devengadas en relación con las distintas actuaciones profesionales realizadas.

Del mismo modo, excepcionalmente, y sometido a justificación y autorización del juez, se podrá superar el límite anteriormente señalado para remunerar justa y adecuadamente los servicios profesionales realizados por el procurador de manera extraordinaria.

Nota de prensa – Ministerio de Justicia

El dictamen afirma que el establecimiento de un arancel máximo se acomoda a las exigencias de la Comisión Europea, al compromiso asumido por el Gobierno y a la configuración plasmada en la reciente Ley 15/2021. Además, advierte -en referencia a la fijación de un límite global “por asunto”- que el Tribunal Supremo ha señalado repetidamente que por “asunto” cabe entender “proceso”, esto es, con todas sus instancias e incluyendo los recursos ordinarios y extraordinarios, de manera que el importe global comprende el máximo que puede llegar a facturarse por un procurador –a cliente o en costas- considerando la suma de los importes de todas las instancias.

El texto aprobado por el Pleno hace una valoración favorable de la introducción en el real decreto proyectado de la obligación de que el procurador entregue un presupuesto previo a sus clientes, en el que conste la disminución ofrecida respecto del arancel máximo previsto en la normativa o, si no se ofrece ninguna, conste también expresamente este hecho.

En cuanto a la actualización de aranceles, el texto aprobado por el Pleno señala, en este sentido, que el sistema arancelario de la procura no ha sido objeto de reforma o actualización alguna desde el año 2003, sin que el real decreto proyectado contemple una actualización que pudiera resultar aconsejable habida cuenta del tiempo transcurrido desde que fueron fijados los aranceles actualmente vigentes y de la evolución de la economía y del mercado de los servicios profesionales que ha tenido lugar desde entonces.

Nota de prensa – CGPJ

El Tribunal Supremo aclara las dudas sobre el modo en que la subida del SMI afecta a los convenios col·lectives. En particular, y respecto del fijado para el año 2019, se ha venido discutiendo si las nuevas cantidades debían tomarse como “salario base” y sobre ellas calcular los diversos complementos (antigüedad, penosidad, peligrosidad), tal y como la literalidad del real decreto de SMI establece.

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha dado una respuesta negativa al interrogante, de manera que “para conseguir la efectiva percepción del SMI garantizado hay que atender a las previsiones del convenio colectivo, incluyendo los diversos complementos salariales, salvo que una norma con rango de Ley aboque a otra conclusión, o el propio convenio colectivo lo indique de forma expresa”.

Nota de prensa – CGPJ