En la página web del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) están disponibles el “Protocolo de actuación para la reactivación de la actividad judicial y salud profesional” y la “Guía de buenas prácticas para la reactivación de la actividad judicial y adopción de medidas de salud profesional para la prevención de contagios por COVID-19 en sedes judiciales”.

En la Guía de Buenas prácticas se instar a que los distintos órganos jurisdiccionales (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia) elaboren los respectivos Planes de reactivación de la actividad judicial, que habrán de ser remitidos con carácter inmediato al Consejo General del Poder Judicial para su control de legalidad.

Guía y Protocolo COVID-19 – CGPJ

El Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña ha elaborado un documento con una serie de propuestas para agilizar la administración de Justicia en previsión del posible colapso tras la suspensión de las actuaciones judiciales debido a la crisis sanitaria de la COVID-19.

Tal y como se recoge en el documento, la crisis sanitaria está afectando -y afectará aún más- el global de la sociedad, y se prevé un incremento de los litigios en todas las jurisdicciones. Por otra parte, la suspensión de las actuaciones judiciales, a pesar de ser una medida necesaria para la situación pandémica actual, comporta de manera inevitable al absoluto colapso de los órganos judiciales, los cuales ya se encontraban muchos de ellos en una situación natural precaria.

Texto completo - ICAB

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado levantar a partir del miércoles 15 de abril las limitaciones establecidas el pasado 18 de marzo a la presentación de escritos por medios telemáticos a través de LexNET o de los sistemas equivalentes habilitados en Aragón, Cantabria, Cataluña, Navarra y el País Vasco.

En el acuerdo se pone de manifiesto que la evolución de las circunstancias de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 permite contemplar un nuevo escenario de mayor actividad en todos los sectores, y en particular en el funcionamiento de la administración de justicia, que autoriza a fijar las bases del restablecimiento pleno de la prestación del servicio público al que sirve el ejercicio de la función jurisdiccional, evitando de ese modo su paralización y colapso con la subsiguiente la lesión de los derechos e intereses de los particulares.

En las actuaciones y servicios no esenciales “cabrá la presentación de los escritos iniciadores del procedimiento, su registro y reparto, así como su tramitación conforme a las normas procesales aplicables hasta el momento en que dé lugar a una actuación procesal que abra un plazo que deba ser suspendido por virtud de la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020”, por el que se declaró el estado de alarma.

Nota de prensa – CGPJ