El problema surge porque el Real Decreto-Ley 9/2020, apostando por el ERTE como solución a los problemas empresariales asociados a la pandemia, dispuso que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido. Se trata de la frecuentemente identificada como “prohibición de despedir”.

La sentencia concluye que el despido desconociendo lo previsto en tal norma no debe calificarse como nulo, salvo que exista algún dato específico que así lo justifique (vulneración de un derecho fundamental, elusión de las normas procedimentales sobre despido colectivo, concurrencia de una circunstancia subjetiva generadora de especial tutela).

Nota de prensa - CGPJ

El informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2022, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, muestra que el número de nuevos asuntos ingresados en los órganos judiciales españoles se mantuvo durante el segundo trimestre de este año en cifras muy similares a las de hace un año.

En total, registraron 1.685.834 asuntos, un 0,7 por ciento más que en el mismo periodo de 2021. Salvo en la jurisdicción Penal, que mostró un incremento interanual del 3,7 por ciento, se han observado reducciones en el ingreso de asuntos en todas las jurisdicciones: del 1,4 por ciento en la Civil, del 5,7 en la de lo Contencioso-Administrativo, y del 3,6 en la Social.

La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha sido de 35,6 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las Comunidades Autónomas que en el segundo trimestre del año mostraron una tasa de litigiosidad superior a la nacional fueron, por este orden, Canarias (45,9), Andalucía (38,1), Asturias (37,3), Cantabria (37), Murcia (36,8), Cataluña (36,2), Baleares (36) y Comunidad Valenciana (35,7). Los territorios con la tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (25,6), País Vasco (27,5) y Navarra (27,6).

Nota de prensa – CGPJ

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que la Administración no puede acordar por sí sola la interrupción del acceso a un sitio web de contenidos informativos o de opinión, al entender que el artículo 20.5 de la Constitución requiere que una medida de ese tipo solo puede adoptarse por orden judicial.

La sentencia analiza por primera vez la cuestión de la legalidad del cierre administrativo de páginas web, ya que, cuando se aprobó la Constitución no existían y no pudieron incluirse de modo expreso en el texto. La conclusión de los magistrados es que los sitios web, con contenido informativo y de opinión, entran dentro de la categoría de “otros medios de información” mencionados en el citado artículo 20.5, por lo que su secuestro exige orden judicial.

Sin embargo, los magistrados consideran que la Administración sí puede, sin autorización judicial, bloquear el acceso a un sitio web cuando es un mero instrumento para realizar otra actividad ajena a contenidos de información o expresión, como la oferta de medicamentos ilegales.

Nota de premsa – CGPJ