El 25 de febrero de 2025, el Consejo de Ministros español aprobó la remisión en el Congreso del Proyecto de Ley de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Esta iniciativa busca reforzar la capacidad de los ciudadanos para reclamar de manera conjunta ante fraudes masivos o prácticas abusivas, cumpliendo así con la Directiva.

Principales novedades del proyecto de ley:

- Legitimación para entidades habilitadas: Asociaciones de consumidores, el Ministerio Fiscal y otros organismos públicos podrán interponer demandas colectivas en nombre de los afectados.

- Aplicación automática de las sentencias: Las resoluciones judiciales afectarán todos los consumidores perjudicados, salvo que expresen su voluntad de no quedar vinculados.

- Excepciones para reclamaciones superiores a 3.000 euros: En estos casos, el tribunal podrá establecer que solo se vean afectados aquellos que se adhieran expresamente en el procedimiento.

- Plataformas electrónicas de seguimiento: Se crearán herramientas digitales para facilitar la información y participación de los afectados en los procesos colectivos.

Este proyecto de ley pretende agilizar los procesos judiciales y evitar la saturación de los tribunales con demandas individuales, ofreciendo una vía más eficiente para la defensa de los derechos de los consumidores.

Nota de prensa – Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

El 12 de febrero de 2025, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica reguladora del ejercicio del derecho de rectificación. Este anteproyecto, impulsado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, busca actualizar la regulación vigente desde 1984 para adaptarla a los nuevos escenarios digitales y a los cambios en el consumo de información.

El informe del CGPJ valora positivamente la iniciativa, destacando la necesidad de una regulación más ágil y eficaz que garantice el derecho de las personas a corregir informaciones inexactas o perjudiciales publicadas en medios de comunicación, especialmente en el entorno digital. Además, subraya la importancia de compatibilizar este derecho con la libertad de expresión e información, evitando cualquier forma de censura previa.

El CGPJ también señala la conveniencia de definir claramente los plazos y procedimientos para el ejercicio del derecho de rectificación, así como establecer mecanismos eficientes para su aplicación en el ámbito digital, donde la difusión de información es inmediata y masiva.

Con esta aprobación, el CGPJ apoya a una reforma legal que pretende reforzar la protección de los derechos fundamentales en la era digital, asegurando un equilibrio entre el derecho a la rectificación y la libertad de prensa.

Nota de prensa – CGPJ