El Gobierno de la Generalitat ha aprobado el Plan de Justicia de Paz y de Proximidad 2025-2028, una iniciativa pionera que busca modernizar y reforzar la justicia en los municipios catalanes. Este plan, que alcanza 898 municipios y da servicio a 3,2 millones de personas, tiene como objetivo transformar los actuales juzgados de paz en modernas Oficinas de Justicia en los Municipios, mejorando así el acceso a la justicia en zonas donde no hay tribunales de instancia.

Principales ejes del plan:

- Organización: Incrementar las agrupaciones de oficinas de justicia para garantizar un servicio más especializado y uniforme, con apoyo del personal de la Administración de Justicia.

- Formación y difusión: Implementar programas formativos para el personal y jueces de paz, así como campañas informativas para la ciudadanía sobre los servicios disponibles.

- Espacios: Realizar una auditoría para evaluar las instalaciones actuales y adaptarlas a las necesidades de las nuevas oficinas.

- Tecnología: Desarrollar el expediente electrónico y dotar las oficinas con herramientas TIC, como sistemas de videoconferencia, para agilizar los procesos.

Este plan se enmarca dentro de la nueva Ley Orgánica 1/2025, que redefine las funciones de los juzgados de paz, incorporando tareas como la colaboración con unidades de resolución de conflictos, la gestión de peticiones ciudadanas y la recepción de solicitudes de asistencia jurídica gratuita.

Nota de prensa – Generalitat de Catalunya

El 3 de abril de 2025, entró en vigor una parte esencial de la Ley Orgánica 1/2025, de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce la obligación de recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en asuntos civiles y mercantiles antes de iniciar cualquier proceso judicial. Esta medida tiene como objetivo reducir los litigios y agilizar la tramitación de conflictos.

La ley, impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, establece que, excepto en casos específicos como la tutela de derechos fundamentales, filiación, concursos, medidas cautelares o casos de violencia de género, será obligatorio acreditar el intento de solución extrajudicial antes de presentar una demanda. Los mecanismos contemplados incluyen la mediación, la conciliación, la opinión experta independiente, la oferta vinculante confidencial, la abogacía colaborativa y la negociación directa entre las partes.

Con esta medida, se pretende pasar de una cultura del litigio a una cultura del diálogo y del acuerdo, reduciendo así la carga de trabajo de los tribunales y ofreciendo a los ciudadanos una vía más rápida y eficiente de resolución de conflictos.

Además, la norma modifica el sistema de costas, puesto que los tribunales valorarán si alguna de las partes se ha negado a solucionar el conflicto de manera consensuada, lo cual tendrá un impacto en el criterio para su imposición.

La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia prevé una reforma profunda de la organización judicial, que entrará en vigor de manera escalonada a partir del 1 de julio de 2025, transformando los 3.931 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia, cada uno asistido administrativamente por una Oficina Judicial.

Nota de prensa – Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes