El Tribunal Supremo, en una sentencia de 20 de mayo de 2025, ha aclarado que la responsabilidad subsidiaria de los administradores por deudas y sanciones tributarias —prevista en el artículo 43.1.a) de la Ley General Tributaria— tiene naturaleza sancionadora, cosa que exige que la Administración acredite la culpa (negligencia o acción/impropia) del administrador, no limitarse a probar solo la condición de administrador y la insolvencia de la sociedad.

En consecuencia, la sentencia establece que la carga de probar la actuación culpable recae únicamente en la Administración, y no en el administrador, que solo podrá presentar pruebas en sentido contrario una vez se haya demostrado su responsabilidad. Esta interpretación reordena el procedimiento, impidiendo que se construye en presunciones y asegurando que cualquier duda se asigne al beneficio del administrador (“in dubio pro reo”).

Nota de prensa – CGPJ

Entre los cambios relevantes, destaca que el mandato del Fiscal General pasará a 5 años fijos, sin coincidir con el del Gobierno, y solo podrá ser cesado por un incumplimiento grave o reiterado previa valoración del CGPJ, suprimiéndose su comparecencia presencial al Consejo de Ministros.

Así mismo, se trasladan al Fiscal General las competencias de nombramiento, promoción y régimen disciplinario de los fiscales destacados, reforzando la transparencia con la prohibición de financiación externa de las asociaciones y creando un registro público de los fiscales que preparan opositores.

Además, la reforma dotará la Fiscalía de mayor funcionalidad operativa para asumir la instrucción penal, incluyendo la dirección de la Policía Judicial y la potestad del Fiscal Ninguno para designar fiscales responsables de cada investigación. También se incorporan mecanismos de abstención y recusación para los fiscales, equiparándolos a los previstos para jueces y magistrados. Esta iniciativa, la más relevante en el ámbito del Estatuto del 1981 en casi 45 años, responde a recomendaciones del GRECO y de la Comisión Europea para fortalecer la independencia institucional de la Fiscalía y hacerla compatible con el modelo europeo.

Nota de prensa – Ministerio de Justicia