El Pleno del Congreso ha aprobado en sesión extraordinaria el Proyecto de Ley que modifica tanto el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. La propuesta incluye una transposición de la nueva Directiva del seguro de automóviles, con el objetivo de mejorar y armonizar el marco jurídico a nivel de la Unión Europea.

Además, la ley integra las recomendaciones del “Informe Razonado” de la Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración para dar más protección a los terceros afectados en accidentes de circulación.

Finalmente, se introduce la obligatoriedad de seguro obligatorio de responsabilidad civil para vehículos ligeros personales que no son considerados oficialmente “vehículos a motor”, así como nuevas normas sobre honorabilidad y aptitud para las personas que ejerzan la dirección efectiva en entidades aseguradoras, incluyendo también planes preventivos de recuperación.

Nota de prensa – Congreso

La resolución considera que esta regulación no vulnera ni el Convenio n.º 158 de lo OIT ni la Carta Social Europea revisada, puesto que ambos textos utilizan expresiones como “indemnización adecuada” sin concreción numérica y tienen carácter programático, por lo cual requieren desarrollo legislativo. El Supremo recuerda que la jurisprudencia constitucional ya había avalado la indemnización tasada (33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades) como fórmula adecuada que garantiza seguridad jurídica y uniformidad. También subraya que las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales no son vinculantes para los tribunales españoles, a diferencia de las del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o del Tribunal de Justicia de la UE.

Todo y esta doctrina, algunos tribunales autonómicos habían admitido indemnizaciones adicionales basándose en la normativa internacional, lo cual había abierto la puerta a interpretaciones diferentes. En particular, una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha reabierto el debate sobre el artículo 24 de la Carta Social Europea, si bien en el caso concreto no concedió una compensación extra. Esto ha generado cierta divergencia doctrinal y práctica: mientras el Tribunal Supremo defiende el carácter cerrado y suficiente de la indemnización establecida por ley, algunas jurisdicciones territoriales mantienen el interés para aplicar estándares europeos que podrían justificar importes superiores en determinados supuestos.

Nota de prensa – CGPJ

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha propuesto la creación de 34 nuevas unidades judiciales en Cataluña, consideradas prioritarias, con el objetivo de mejorar la capacidad del sistema judicial regional; estas podrían ser aprobadas este mismo año y entrar en funcionamiento el 2026.

El Departamento de Justicia está trabajando con el Ministerio de Justicia y con la Sala de Gobierno del TSJC para planificar y desplegar estas unidades, teniendo en cuenta las necesidades identificadas previamente por todas las partes implicadas.

Nota de prensa – Departament de Justícia i Qualitat Democràtica