El Congreso eleva a 16 años la edad mínima en redes sociales y regula controles parentales, educación digital y sanciones penales frente a contenidos nocivos y grooming.
A partir de ahora, todas las víctimas de violencia sexual serán atendidas por juzgados especializados, en cumplimiento del Convenio de Estambul. El Gobierno crea 50 nuevas plazas de jueces y refuerzos temporales para asumir el incremento de la carga de trabajo.
El Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo ha establecido que la indemnización por despido improcedente prevista en el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores no puede incrementarse por vía judicial, aunque concurran circunstancias particulares en el caso.
La nueva norma adapta la legislación española a la directiva europea, mejora la protección a víctimas de accidentes e incluye nuevos requisitos de seguridad y responsabilidad.
El Pleno de la Sala de lo social del Tribunal Supremo ha establecido que la indemnización por despido improcedente prevista en el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores no se puede incrementar por vía judicial, aunque concurran circunstancias particulares en el caso.
El CGPJ propone 34 nuevas unidades judiciales prioritarias en Cataluña, pendientes de concretar tipología y ubicación.
Las medidas responden a la necesidad de una transición ordenada hacia el nuevo modelo judicial, con seguridad jurídica tanto para los profesionales como para la ciudadanía, y permiten abordar las incertidumbres originadas por el cambio estructural en la organización judicial.
El Tribunal Supremo ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para determinar si el actual sistema español de indemnizaciones a víctimas de atropellos intencionados es conforme con las directrices europeas en materia de seguro obligatorio para automóviles (Directiva 2009/103/CE y modificación 2021/2218).
El Tribunal establece que la responsabilidad subsidiaria de los administradores tiene carácter sancionador y exige acreditar su actuación negligente, protegiendo así la presunción de inocencia.
El 13 de mayo de 2025, el Gobierno aprobó una reforma significativa del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para adaptarlo a la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que atribuye a la Fiscalía la normativa europea de dirigir la instrucción penal.